- Instituciones y redes que son parte del espacio de Juventudes del Foro Social Panamazónico desarrollan acciones de propuesta e incidencia
Derechos de la Pachamama, un marco legal para vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
El pasado 05 de febrero se presentó en el Congreso de la República los resultados del estudio “Incidencia jurídico-legal por los derechos ecológicos de la infancia en el marco de la Jurisprudencia de la Tierra”, realizado por el director del Centro de Estudios sobre los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia (CEDIAF), el abogado Jorge Valencia Corominas, con el apoyo de terre des hommes-Alemania.
A la presentación del estudio asistieron operadores de justicia y representantes del Ministerio de la Mujer, integrantes del Colegio de Abogados de Lima y representantes de las DEMUNAS. Asimismo, representantes del Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos (MANTHOC).
El estudio destaca la necesidad de que el Perú cuente con un marco jurídico que contemple los derechos de la Tierra, teniendo como antecedente las legislaciones de países hermanos como Bolivia y Ecuador, que reconocen a la Madre Tierra como sujeto de derechos.
“Son dos constituciones que están regresando a temas de la cosmovisión andina, por ejemplo, el Sumak Kawsay, el derecho a vivir bien y el Cápac Ñam, el buen camino, Ivi Mararei, tierra sin mal, Ñandereko, vida armoniosa, son preceptos propios de una cosmovisión andina milenaria, son reglas de convivencia y de respeto, que son incluidos en las constituciones de Bolivia y Ecuador”, señala Valencia.
“Debemos pasar de un concepto de la Tierra como objeto a un concepto de la Tierra como sujeto de derechos. Que tenga un reconocimiento constitucional, reencontrarnos con valores milenarios para el Buen Vivir, para vivir en armonía. El concepto de la Tierra ya no es un concepto como nos lo enseñaron en la escuela, sino es la Madre Tierra, la Pachamama, es nuestra madre”, Agrega Jorge Valencia.
Asimismo, el estudio plantea la propuesta de que desde los gobiernos locales como son las Defensorías Municipales de los Niños y Adolescentes (DEMUNAS) y las Fiscalías de Familia se puedan realizar acciones de prevención a través de campañas conjuntas y de denuncia sobre la vulneración del derecho de la niñez a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Valencia Corominas expresó la importancia de una figura reconocida en el nuevo Código de los Niños y Adolescentes aprobado en el año 2000, pero poco utilizada en nuestro país, se refiere a las Contravenciones, un mecanismo para la protección de los intereses difusos de los niños, niñas y adolescentes, que puede ser empleado para efectuar las denuncias correspondientes frente a cualquier tipo de vulneración sobre determinados derechos que no tienen otro canal jurídico establecido en la legislación.
En ese sentido, refiere que mediante el mecanismo de las Contravenciones se podrían aplicar las sanciones administrativas desde el gobierno local, en situaciones de vulneración de los derechos ecológicos.
El estudio consistió en realizar entrevistas a profundidad a los responsables de seis DEMUNAS de los distritos de: Villa María del Triunfo, Chorrillos, Santa Anita, Los Olivos, Rímac y San Juan de Lurigancho, al igual que a fiscales en tres Fiscalías de Familia y una Fiscalía Superior del distrito judicial de Lima.
La información sistematizada fue presentada a autoridades estatales y a operadores de justicia en dos espacios: en el Congreso de la República, en el que participó la congresista Tania Pariona, fiscales, juezas, entre otros, y en la Municipalidad Distrital de Santa Anita en la que estuvieron presentes representantes de las DEMUNAS, promotoras sociales y dirigentes.
“Se conoce sobre los derechos ecológicos, se conoce las Contravenciones, pero todavía no se están vinculando ambos temas para poder hacer denuncias desde la vulneración del derecho ecológico por la Contravención. Resulta necesario analizar los mecanismos jurídicos que la norma incorporó, para desarrollar una estrategia con operadores de los derechos de la infancia que permita efectivizar los derechos reconocidos, en especial aquellos vinculados con los derechos ecológicos”, señala el abogado.
Durante la presentación del estudio, la congresista Pariona se mostró muy interesada en asumir un compromiso desde su despacho en trabajar de forma articulada en la promoción de los derechos ecológicos con los operadores de justicia y los gobiernos locales.
“Cada día estamos viviendo en situaciones de contaminación de distinta índole que afectan la salud de todos. Es importante asegurar escenarios saludables para las futuras generaciones”, señaló Pariona.
Asimismo, la parlamentaria señaló: “Siento que hay una necesidad de ir reformando nuestra Constitución porque no ha explicitado algunos derechos de forma más sustanciosa como, por ejemplo, sí lo hace el Convenio 169 de la OIT, que además tiene carácter constitucional. Entonces cuando ocurren conflictos socioambientales —lo que les está pasando a los niños de Espinar y Cuninico o en las zonas donde hubo derrames de petróleo por más de 40 años y los niños siguen esperando salud y agua—, no hemos tenido la capacidad de mirar cómo los marcos legales nos pueden ayudar a aterrizar en acciones concretas”.
Enviado por Nieves Vargas de Comunicaciones Aliadas – Foro Social Panamazónico Perú
