Escrito por: Camilo Chica, comunicaciones Fospa Colombia
Así fue la presentación del documento Sociedad y Energía, Construyendo la transición energética donde y para los pueblos y comunidades (Casos, Brasil, Perú y Bolivia).
#TransiciónEnergéticaYa
#EnergíasLimpiasYa
Fospa en Movimiento continua con sus encuentros virtuales, como antesala al IX Fospa. El día 14 de octubre, se realizó el webinar sobre la urgencia de la transición energética para el continente americano, desde una visión popular y justa. Para este encuentro participaron expertos de varios países, que plantearon sus posturas sobre esta necesidad de construir la transición energética. De igual forma, se presentó el documento: “Sociedad y Energía, Construyendo la transición energética donde y para los pueblos y comunidades (Casos, Brasil, Perú y Bolivia).“
En este webinar participaron Tania Ricaldi investigadora del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón (CESU-UMSS) y del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ Bolivia); Jolison Costa del FMCJS por Brasil, Adriana Montero del del GTCCJ por Bolivia, Antonio Zambrano del MOCICC por Perú. La moderación estuvo a cargo de Gloria Alvitres del MOCCIC- Perú.
Los panelistas plantearon la importancia de la transición energética ya, por la capacidad que está tiene para empoderar a las personas ya que permite la participación de los pueblos y comunidades, fortaleciendo la industrialización y generándole ingresos al Estado con apoyo de las instituciones multilaterales. Además, se convierte en una posibilidad para salir de la crisis generada por la pandemia, al tener la capacidad de potencializar las economías de Latinoamérica, servir de mecanismo para hacerle frente al cambio climático, y permitir una mejor convivencia entre la gente y la naturaleza.
Este ejercicio depende de una transición y promoción de políticas de Estado, junto a un cambio estructural en el sistema energético, que contemple el desarrollo económico vinculado a un cambio del sistema capitalista, que derive a un mayor impulso de las necesidades de las comunidades, en relación a las energías alternativas que deben estar apoyadas en el asociativismo para generarlas, de forma que exista un modelo circular y no sólo se reciba sino también se genere y se entregue.
Este proceso debe estar encaminado a descarbonizar la energía para dejar de lado los pozos y lotes petroleros, que están en zonas sensibles de la biodiversidad, de forma que se genere energía de forma descentralizada, no por las grandes corporaciones sino por las comunidades. Este proceso, indican, debe lograr una equidad entre los pueblos y la energía, teniendo en cuenta las exigencias de muchas comunidades por el derecho a la vida, al ambiente sano, la vida plena, el respeto del territorio, entre otras; por lo tanto, el Estado debe modificar sus formas y tener en cuenta que no se debe explotar la tierra ni desperdiciar energía debido a la centralización, como se viene haciendo. Además de esto, se deben respetar las zonas frágiles y tener en cuenta el aumento de zonas en los que la vida de forma plena, ya no es posible.
En relación a las brechas energéticas, que deriva de la garantía al acceso de energía para todo el mundo de forma segura y sostenible, no sólo se debe ver desde la cobertura, sino desde otros aspectos, como el acceso a combustibles limpios, la cantidad de energía que se consume y el costo de la misma. De igual manera, debe ser inclusiva, que vincule la participación masiva de múltiples actores de la población, para que definan sus necesidades energéticas, expongan sus imaginarios y propuestas. Esto requiere de una relación armónica, mayor eficiencia y consumo racional, en donde se destine la energía para la satisfacción de las necesidades humanas, recuperando la energía como un derecho, que mejore las condiciones de vida de la sociedad y no sea usada como una mercancía que satisface demandas irracionales.
En este sentido, se debe producir energía lo más cerca posible del consumo y atendiendo las necesidades reales, que tenga en cuenta la justicia de generación y consumo de energía, en otras palabras, una transición energética justa, lo que significa que todas las personas deben estar apoyadas para producir la energía que necesitan, con fuentes disponibles, según la situación concreta de cada quien, por lo que es vital generar mecanismos de participación de la sociedad en general en la transición, para la producción y el consumo.
Durante el webinar, Tania Ricaldi, profundizó en el documento “Sociedad y Energía, Construyendo la transición energética donde y para los pueblos y comunidades“, publicación de su autoría con apoyo de la red de investigadores del grupo de trabajo 3+1 (Brasil, Bolivia, Perú más Alemania). Resaltó la realidad energética regional, los impactos sociales y ambientales de la actividad del sector energético, las percepciones e imaginarios populares sobre la energía con las acciones participativas que se generan frente al uso energético, la reflexión paradigmática de la transición energética y la transición energética popular, en base a las discusiones generales del documento.
Planteó que existe una serie de elementos transversales al texto que son relevantes para el análisis de la transición energética, como la crisis global por el modelo económico hegemónico capitalista y la generación del cambio climático; el concepto y la necesidad de la transición energética con una mirada multidimensional, frente a la predominancia y dependencia de fuentes fósiles; el tener en cuenta que el consumo de energía es más que la electricidad, que está escondiendo los otros sectores de producción energética que pueden ser más relevantes; el consumo, pensándolo como cambio estructural, mostrando que el mayor desafío, en este momento, es el sector transporte, al que le siguen el sector industrial y el residencial, lo que los hace prioritarios al pensar la transición; el cambio para la generación de energía eléctrica a través de recursos renovables que, sin embargo, podría generar fuertes impactos y afectaciones; y la generación de los megaproyectos hidroeléctricos y los mercados que esta industria mueve, que se debate entre ser una alternativa energética o un negocio energético de acumulación por despojo.
En contraposición a esto, señaló que existe un gran potencial en la región, con la energía hídrica, eólica, solar y geotérmica; y de igual manera el litio, que está cobrando importancia, se puede revisar en las políticas de los países, en diferentes grados de avance. De igual manera, resaltó, la importancia de entender las reservas de fuentes fósiles, que pone en urgencia a las dinámicas geopolíticas para la transición, que pueda satisfacer las necesidades energéticas de la población y no sea una mercancia. En este escenario, señaló la importancia de la transición energética global, que en las últimas décadas están mostrando los cambios que se están generando y que son ejemplos para la región amazónica.
Continuó su exposición resaltando que cualquier tipo de producción energética siempre genera costos sociales y ambientales, y esto tiene que ver con la escala de los proyectos energéticos, porque aquellos de gran envergadura, sea el que sea, generan grandes impactos.
También evidenció los roles de generó en estos procesos de la transición energética popular, cuando se habla de la energía, pues el modelo que es concentrado, centralizado, patriarcal y oligopólico, reduce la mirada de la mujer y la muestra sólo como usuaria, por lo que el cambio debe potenciar su papel y pensarla en los impactos sociales y ambientales, pues ha sido vulnerada por el despojo, violencia, inequidad y saqueo, propiciado por el extractivismo. En esto también, juegan los roles de las comunidades y pueblos, ya sea campesinas, indígenas, negras, rurales o urbanas, entre otras, en la que juega un papel importante la defensa del territorio frente a los avasallamientos con los proyectos energéticos y mineros, en los que la Amazonía se ha vuelto un territorio global, en el que se presenta estos conflictos, siendo un mosaico de intervenciones y saqueos. Lo que pone en cuestión, la necesidad de pensar la transición desde la diversidad de proyectos energéticos, que rompan la lógica de despojo y muerte.
Expuso como en la publicación se estudió la relación de producción energética y cambio climático y las inconsistencias de las políticas gubernamentales, ya que, si se revisa el efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero, el sector que más genera es el cambio de uso de suelo y la agricultura, siguiéndole el sector energético; y en este último, se muestra como el transporte es el mayor productor de dióxido de carbono; evidenciando, los mayores problemas para hablar de transición energética. Así que, en términos climáticos, desde el sector energético para reducir el cambio climático, planteó, tres elementos claves: la energía renovable, la eficiencia energética y las medidas para el transporte. De igual manera, revisó, los compromisos para disminuir los gases de efecto invernadero, como la velocidad de descarbonización anual necesaria, poniendo grandes desafíos a los países de la región.
Otro de los aspectos señalados por Tania es la relación energía – alimento y agua, en los que se vinculan los proyectos hidroeléctricos y la generación de agrocombustibles vinculado a los agronegocios), que son falsas soluciones a la transición, ya que siguen la misma lógica de alimentar la demanda energética a nivel regional. Por lo que pone en cuestión, la necesidad de entablar la soberanía energética, alimentaria e hídrica, que se relaciona con las percepciones e imaginarios de las comunidades con las necesidades de considerar la energía como un derecho, al igual que el agua, y de vincular a esto la soberanía energética, hídrica y alimentaria, pues la ampliación de la frontera agrícola está afectando la soberanía y seguridad alimentaria y está generando impactos sobre los recursos hídricos. Un ejemplo son los proyectos hidroeléctricos, con el daño a los ecosistemas y el desplazamiento a la población, que ha fragmentado procesos territoriales y culturales, afectando los espacios vitales.
También, destacó sobre las percepciones e imaginarios de las comunidades, la posibilidad de producir la propia energía y más si existen las posibilidades y políticas que apoyen estos procesos; las afectaciones de las políticas energéticas a las formas de vida de las poblaciones, que generan inequidades y desigualdades energéticas, siendo estas injustas e insustentables, la necesidad de producir energías alternativas y pensar en procesos de justicia, sostenibilidad y seguridad energética.
Todos estos aspectos señalados con anterioridad, indicó, les llevo a pensar e impulsar la transición energética popular y justa, que vincule la participación de mujeres, pueblos, indígenas, jóvenes, rurales, urbanos y el resto de actores, para pensar y construir los procesos de transición más allá del reduccionismo de cambiar energías fósiles a energías renovables. Esto deriva en cambios estructurales que rompan la lógica centralizada de generación de energía y se vincule a la generación energética participativa, desde los actores con su diversidad y pluralidad con procesos de generación distribuida, en donde cada comunidad y familia, puedan constituirse en prosumidores de la energía, resignificando así la energía.
En resumen, hablar de la transición energética popular, enfatizó, está relacionada a varios aspectos como la descabonización, la buena energía para todos, la generación distribuida, la mayor eficiencia energética, redefinir la fiscalidad energética para promover los procesos transicionales; la transición energética como un proceso relacionado a ser una alternativa a la lógica actual de desarrollo, el paso de la energía como una mercancía a que sea un derecho, entre otros aspectos, que en estos momentos de pandemia toman gran relevancia. Se espera que en el proceso pospandemia se tome el concepto energético popular, para el cambio de poder y el cambio en la redistribución de la riqueza y de consumo de energía, permitiendo cambiar las lógicas actuales que funcionan desde el despojo y la muerte en muchos territorios y comunidades. Así, el rol de la sociedad es importante para exigir procesos energéticos justos y populares y satisfacer las necesidades energéticas con el fin de convertir la energía en un derecho.
En el webinar, tambien participo Antonio Zambrano, como comentarista de la publicación de Tania. Él indicó como desde el documento se hace una crítica a la cultura, al sistema económico global que fuerza a las naciones latinoamericanas a imponer una forma de entender la economía, la sociedad, la cultura, etc. de forma ajena a la realidad de los pueblos, con una lógica en la multiplicación del trabajo, a través de la apropiación de las formas de energía, tales como la electricidad y la locomoción. Por lo tanto, la energía es un debate central, porque para hacer una crítica al sistema y su opresión es trascendental y más con la crisis climática, haciendo crítica a los combustibles fósiles para hacer funcionar la economía y como este tránsito a estas fuentes, oprime a los pueblos. Entonces esta dependencia al petróleo, al gas, al carbón, no ha sido capaz de cumplir las promesas de cambiar la calidad de vida de los pueblos.
Resaltó, que el documento se basa en una discusión científica global, que desde el 2018 tiene 12 años, hasta el 2030, para generar grandes cambios a estas formas de pensar la energía en la economía globalizada, en donde hay que generar transiciones urgentes, desde el aprovechamiento democrático y popular hacia las energías renovables no convencionales. Y esto, en base de para qué y para quién se genera energía; sería para el bienestar y satisfacción de los pueblos, profundizando de esta forma la democracia, que permita decidir de qué forma se genera la soberanía de los pueblos.
Joilson Costa, señaló, la importancia de que la población piense la energía como una política pública y desde allí se pase a reivindicar la energía desde la justicia económica, que sea sostenible y adecuada a la realidad que viven hoy en día las sociedades. Así que este estudio de sociedad y energía es importante por el estudio de la matriz energética ambiental, que muestra como las pequeñas alternativas energéticas son posibles y necesarias.
Por su parte, Adriana Montero comentó la integralidad del libro en los temas que abarcó, su coincidencia con la crisis actual y las fuertes críticas puestas al sistema económico actual que ha generado impactos de fuerte magnitud en Latinoamérica y la Amazonía. Señaló, que las crisis son oportunidades que permiten generar alternativas renovables, y en este caso la energética debe ser limpia, respetuosa con la madre tierra y sustentable. Y para esto, faltan políticas públicas basadas en el respeto de la vida, que sea visto como un derecho humano: como generador de vida.
De igual manera, resaltó, que para hablar de transición energética se debe hablar de justicia socio ambiental y de la participación ciudadana. Por lo que se hace necesario generar conocimiento y brindar información a la población, para participar de manera equitativa en estos procesos de transición energética, que no surjan desde el extractivismo que atenta contra la vida, agota los recursos naturales y destruye los territorios.
Finalmente, los panelistas, concluyen diciendo, que la transición energética popular se ha discutido con diferentes actores sociales y que no es posible, si se piensa desde la misma lógica del desarrollo, porque el transito es a energías post desarrollo que estén encaminadas a proteger, conservar y mantener la sociedad y el ambiente, que además deben ser pensados como derecho y no esté en la lógica de mercantilización, que le de riqueza a unos pocos y genere pobreza y sacrificios de grandes cantidades de poblaciones y territorios, despojados de los recursos y bienes comunes.
De igual manera, requiere de un pacto sociedad – Estado, que genere cambios estructurales en lo energético y en la concepción del desarrollo. De esta forma, plantean que hay que deshacerse de la palabra desarrollo “totalmente prostituida” y pensar en alternativas y procesos post desarrollo, desde las agencias ciudadanas que generen pactos con la sociedad para construir los procesos de transición; que sea capaz de eliminar la idea reduccionista, que piensa: la energía solo como electricidad, que plantea el simple cambio de fuentes fósiles a renovables, constituye la mercantilización de la energía, fomenta el despojo de los territorios y le genera las grandes ganancias a las transnacionales, que han tenido complicidad con los gobiernos. Esto genera un gran número de víctimas excluidas de la generación de energía, por lo que el diálogo con los actores sociales, en el estudio, demostró que hacer de la energía un derecho es hacerla una oportunidad de vida para las poblaciones.
Como gran conclusión, dicen, que se deben construir comunidades energéticas encaminadas a identificar necesidades, a generar procesos de agencia ciudadana de la gobernanza de la energía, generar oportunidades y entregar a la población sus decisiones energéticas y la gestión de bienes comunes para la generación de energía. Hacer de la transición energética una economía para las comunidades y pueblos.
