Así fue el webinar sobre Experiencias y luchas para la defensa de los derechos humanos frente al sector empresarial en la Panamazonía:
Escrito por Camilo Chica, comunicaciones Fospa Colombia
En el más reciente webinar de las Iniciativas en Acción IdeAs del Fospa en Movimiento se trabajó alrededor de los procesos de resistencia en la Panamazonía, que se desarrollan frente a la vulneración de derechos humanos y los derechos de la naturaleza, generados por parte de entidades empresariales extractivas y entidades financieras que apoyan estas labores.
Para las intervenciones sobre esta IdeA, organizaciones que investigan las empresas y afectados por las mismas, narraron sus experiencias por país, con la idea de comprender como se han generado diferentes mecanismos de acción, para impedir que las empresas destruyan la Amazonia.
Sofia Jarrin, antropóloga y defensora de derechos humanos, actualmente asesora de incidencia en Amazon Watch, estuvo encargada de la moderación del webinar, en su intervención señaló como se está impulsando por parte de varias organizaciones dentro del FOSPA, la IdeA de Empresas y DDHH, con la finalidad de establecer plataformas, articulaciones e iniciativas de acción para hacer frente al creciente poder corporativo, que tienen las empresas multinacionales y las entidades financieras, que es más visible con su capacidad de incidir en las decisiones de los Estados y con los impactos que generan en las comunidades y la naturaleza por su accionar en la Panamazonia. Problemática, que hace importante generar espacios de debate para que las empresas multinacionales respeten los derechos humanos y de la naturaleza en la Amazonía, y de igual manera, estas experiencias participantes, nos mostrarán diversas formas para enfrentar al poder corporativo en los territorios.
Para el caso de Colombia, Laura Montaño, abogada e investigadora de la organización Ambiente y Sociedad presentó la afectación que ha generado la empresa Geopark en el Putumayo, pie de monte amazónico, que está siendo fuertemente afectado. En este momento, existen 54 bloques petroleros activos, 36 de los cuales están traslapados con resguardos indígenas; a lo que además se le suma, el hecho que es el quinto departamento con la mayor deforestación en el país, que para el 2017 ya tenía más de 17.000 hectáreas deforestadas. Indicó como, para el caso específico del Resguardo Siona de Piniña Blanca, las agencias estatales al no tener claridades con el establecimiento de la exploración han realizado consultas con las comunidades de manera incorrecta, pues no se tuvo en cuenta la delimitación real del territorio, ocasionando así traslapes.
Por tal motivo, interpusieron una acción de tutela, que ganaron, por lo que la empresa suspendió la actividad, posteriormente se puso en marcha una mesa de concertación para que el gobierno, las empresas y las comunidades decidieran sobre la realización de la sísmica. Sin embargo, se mantiene bajo tierra la dinamita 3Y que entierran en las zonas de agua, territorio que es considerado sagrado, y además, frágil porque afecta la vida en general. Luego, la empresa Amerisur cambia por GeoPark, lo que se usa como excusa para llamar de nuevo a la mesa de concertación, sin llegarse a acuerdos ni tomar accions directas para mitigar el riesgo de la dinamita que está enterrada en el resguardo, que la empresa no reconoce.
Liliana Piaguaje, Gobernadora del resguardo Siona Santa Cruz del municipio de Puerto Asís, indicó como iniciaron un proceso en el resguardo de defensa territorial, desde el 2014 la empresa Amerisur realiza las acciones sísmicas en el territorio indígena, por lo que desde el 2017, llevan un proceso con equipos jurídicos y organizaciones aliadas, para poderse defender frente a la permanente destrucción que esta empresa ha generado, afectando la flora, la fauna y a la vida en general.
Declararon con un no rotundo a la intervención de las empresas multinacionales extractivas en la Amazonia y han iniciado, así mismo, la defensa de su espacio, frente a todo lo que quiera destruirlos, desde la medicina tradicional. Con esta lucha lograron frenar el accionar de la empresa, sin embargo, señaló que el Ministerio del Interior, en estos momentos, solicita hacer una mesa de concertación para que las empresas puedan seguir explorando y explotando; por lo que, la Gobernadora hace un llamado a sus aliados para retomar el caso y seguir en la defensa del territorio.
Para la experiencia peruana, se habló sobre el impacto de los derechos humanos generadas por la empresa GeoPark, en el Bloque 64, territorio ancestralmente indígena. Inició la intervención Wrays Pérez, Pamuk de la Nación Wampis, ubicados en la parte norte del Perú, entre los departamentos de Amazonas y Loreto y entre las cuencas del Morona y el Santiago, compartiéndolo con los indígenas Achuar; llevan viviendo allí miles de años y son dueños milenarios del territorio, que comprende más de 1 millón 327 mil hectáreas. Allí en el lote 64, si se pasa el oleoducto petrolero va generar un grave impacto sobre los derechos humanos de los Wampys, por lo tanto, se opusieron a la explotación extractivista, porque todas las empresas que están en la cuenca amazónica, han vulnerado a los pueblos indígenas.
Recalcó que la Amazonía pulmón y corazón del mundo está enfermo, porque el extractivismo ha dañado el territorio y ocasionado graves consecuencias. Señaló, que el estado de Perú después que GeoPark haya anunciado retirarse del lote 64, hizo que una empresa nacional Petroperú tomará todas las acciones para explotar el petróleo, siendo un lugar que no es del Estado, pues ellos llevan apenas 200 años frente a los más de 7000 mil años de los Wampys, que los hace ser un pueblo originario. Por lo que declaró, que ellos no aceptan ningún extractivismo en su territorio porque afectan los derechos humanos, ya que ellos siempre han vivido sanos, organizados, con aire puro y limpio; y que ahora está siendo contaminado con petróleo, con derrames permanentes de crudo.
Puso en cuestión, que existen más de 500 mesas de diálogos para solucionar los temas de derrame de crudo en la Amazonía y que ninguna lo ha solucionado, tal como pasa con los paros. Y por lo tanto, es el estado el culpable, porque permite que estas empresas entren a la casa y afecte a los pueblos que viven allí hace miles de años. Por lo tanto, vienen trabajando para poner una demanda, para que se anulen los lotes inconsultos que están en la Amazonía, porque nunca se consintió de que las empresas extractivistas estén en los territorios. Finalmente, hace un llamado para que todos y todas se unan para que el planeta siga existiendo para las generaciones venideras.
Posteriormente, Katherine Luz Paucar Quispe del equipo legal de EarthRights International, mujer indígena quechua, abogada y activista en Perú con experiencia en litigio estratégico, defensa, capacitación y promoción de derechos humanos de los pueblos indígenas señaló que el gobierno Wampy ha realizado diversas acciones para denunciar las acciones de Geopark, que pretendía llevar el petróleo del lote 64 a través de un ducto hacia territorio Wampy, al campamento Morona. Este ha sido concesionado desde 1965 a diversas empresas como Occidental Exploradora del Perú, Occidental Petrolera del Perú Inc., Talisman Energy, Amerada, Hess y actualmente Petroperú. Para el 2013 Petroperú tenía el 100%, entre el 2014 y 2016 otorga el 75% en concesión a Geopark, la cual ha sido cuestionada en varios países de Latinoamérica. Recalcó, que, en el caso de Perú para enfrentar a esta empresa, los Wampys han hecho acciones de incidencia, legales y de nivel territorial, haciendo fortalecimiento del gobierno territorial autónomo Wampy, a través de capacitaciones, de talleres de información frente a las acciones de la empresa, acciones de incidencia internacional, acciones legales a nivel administrativo y judicial.
A nivel administrativo, los Wampys se constituyeron como tercer interesado en el estudio de evaluación de impacto ambiental que había presentado la empresa GeoPark y en dicho procedimiento cuestionaron el estudio señalando que había graves omisiones y errores, como no considerar la existencia de los pueblos Wampys y Achuar, como información errónea, como la oficina de atención ciudadana estaba junto a una zona militar, por lo que los indígenas sentían temor para acudir a esta instancia. Posterior a esto, la empresa GeoPark presentó un desistimiento del proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental, porque no han logrado resolver las observaciones planteadas, que tuvieron apoyo de otras instituciones.
Finalmente, señaló que el gobierno territorial autónomo Wampys tuvo que realizar otras acciones de defensa del territorio en el contexto de la pandemia, pues vieron personal de la empresa viajando a las comunidades, por lo que se hicieron alertas y denuncias públicas, a través de los medios de comunicación. Sin embargo, la empresa no dio respuesta por la empresa, por lo que presentaron una acción legal, ya que pone en riesgo a la salud de todo el pueblo Wampys. La denuncia en este momento sigue en curso y después de esto, la empresa GeoPark decidió irrevocablemente salir del bloque petrolero y dio a conocer que dejaba a Petroperú en disposición del 75% de sus acciones, entonces toma el 100%, y por lo tanto, están mirando, tomar también, acciones legales contra esta empresa nacional.
Verónica Grefa Aguinda, Presidenta de la Comunidad de Toyuc y defensora de los derechos de los Pueblos, Nacionalidades indígenas y la Naturaleza; afectada por el derrame petrolero del 7 de abril del 2020, uno de los más grandes en la historia de Ecuador. Ella habló a nombre de todas las comunidades indígenas y mestizas afectadas en su salud, cultura, alimentación, espiritualismo, etc., que se encuentran a las orillas del rio Napo y Coca. Contó que el 7 de abril ocurre el derrame petrolero (3ro en los últimos años), en donde las comunidades nunca fueron avisadas, ni por las empresas ni el estado ecuatoriano, con una grave afectación, pues a contaminar el río afectaron irreversiblemente el hábitat y destruyeron los sembríos y afectaron la salud y la vida espiritual. Esta afectación, señaló, fue con participación del Estado, y la empresa pública Petro Ecuador y la privada OCP.
A consecuencia de esto, se reunieron las comunidades indígenas para presentar una acción de protección, presentadas a finales de abril, después se realiza una audiencia el 1ro de mayo, con asistencia de diferentes comunidades; frente a esto el juez Jaime Oñas, a cargo del caso, ha escuchados las realidades de lo que se sufre, como enfermedades, entre otras. Sin embargo, fue suspendida por 90 días a causa del covid-19, por tanto, realizaron manifestaciones, para recalcar que viven una doble pandemia, la del derrame y el covid-19; frente a esto retomaron las audiencias y el 1ro de septiembre dictan sentencia en contra de las comunidades, dando favor a las empresas petroleras; así que para el 29 de septiembre se movilizaron a la ciudad de Quito para pedir por escrito, la sentencia del señor juez, ya que se dictó de forma oral y no de forma escrita, para proceder a la apelación, lo que demuestra que el estado ecuatoriano se preocupa más por sus ingresos que por la salud de sus habitantes; problemática que además se agrava con el negocio maderero. Frente a esto, señaló, que las comunidades estaban cansadas de la vulneración de sus derechos, pues las empresas ya han llegado a intimidar a los pueblos indígenas, llegando a los presidentes para hacer negociaciones unilaterales. Así que trabajan a nivel de todas las comunas desde una lucha fuerte en la Amazonía ecuatoriana.
Le siguió en la intervención, Verónica Potes, abogada de las comunidades afectadas del 7 de abril y profesora en la Universidad Central del Ecuador, quien se enfocó, en el concepto de la captura del Estado, algo común en las experiencias anteriormente contadas, así no se le identifique como tal. Encontró diversos aspectos, alrededor de esta idea, primero las puertas revolventes, que es la figura con la cual se identifica el hecho de la relación entre las empresas extractivas y las entidades del estado de hacerle control a esas empresas, relación que se da entre personas funcionarios y funcionarias, que revuelven el trabajar para las empresas y las agencias, de manera que nunca se desprenden la una de la otra, favoreciendo la actividad extractiva; en el caso del ecuador el actual Ministro de Energía y Recursos Naturales es un ex secretario de la OPEP, ex presidente de la Cámara de Hidrocarburos del Ecuador, de la cual son parte las empresas petroleras privadas, la OCP, entre ellas. Entonces, se demuestra cómo el 7 de abril un derrame que era evitable, no se evitó, por falta de prevención de las empresas involucradas y falta de previsión de las entidades de control, que sabían lo que estaba ocurriendo en ese lugar, de un accidente de esas magnitudes, que ya había sido alertado por la sociedad científica y que nadie le puso atención. Así que dos meses después de generadas las la alertas se produce la ruptura y el derrame; y tanto las empresas y las agencias estatales, alegan fuerza mayor, es decir, que era impredecible, inevitable y que, qué pena hacia la naturaleza, con lo que demuestra que el estado esta capturado e inciden en las políticas públicas, a través de los funcionarios, que con el fenómeno de puertas revolventes, entran y salen alternadamente de las empresas, hacia las agencias estatales y de nuevo hacia las empresas.
Señaló que las actividades extractivistas en el Ecuador, está catalogada dentro de los sectores estratégicos y en esa medida, hay una alianza público – privada, que es mutuamente reforzante. Y se demuestra en este caso, ya que en el juicio de este caso se hizo evidente, que quien tiene que controlar a la empresa resulta aliado de esta y los abogados de los ministerios del Estado, defendiendo a las empresas petroleras, que en cambio deberían controlar y supervisar. Esto, mostró ella, se hace evidente también en las leyes, ya que, en medio del juicio, ya que el reglamento ambiental de operaciones hidrocarburiferas del Estado de Ecuador, fue cambiado en diciembre de 2019, entrando en vigencia días antes que ocurra el derrame y resulta que con esto las empresas como las agencias estatales, escudan su falta de prevención y de respuesta inmediata, con este nuevo reglamento que está hecho ahora bajo los estándares de operación de hidrocarburos, así se escudan las empresas que actúan bajo los más altos estándares, que les vienen de sus países de origen, cosa que no es cierta, recalca Verónica; ya que trabajan en conjunto con los estados, para aguar y diluir, estándares de operación en la aplicación de principios de prevención y precaución. De igual manera, afirma, que las empresas amenazan al Estado, cuando ven que de repente las cortes y jueces deciden a favor de las comunidades y protección de derechos; entonces las empresas presionan a sus aliados en el gobierno y les dicen que, con base a los convenios de protección de inversiones, ¡ojo!, pues que cualquier sentencia en contra la presentarán en un tribunal arbitrario internacional y Estado ecuatoriano perdería.
Otro de los aspectos, que señaló, es que las empresas remplazan al estado en las comunidades y se vuelven las operadoras y proveedoras de los derechos sociales, culturales, económicos, y en ese sentido el Estado queda remplazado y además se promocionan como las que traen la inversión al país. Finalmente dice, que cuando deben operar las consultas previas, quien termina haciendo esto son las mismas empresas, con el parapeto del Estado, así que todos ejemplos demuestras, que, como las empresas con la idea de los sectores estratégicos, la inversión, de dar lo que no da el Estado, las vuelven necesarias y así el estado termina capturado.
Por su parte Ocelio Muniz, Coordenacao Estadual del Movimiento de Afectados por las Represas MAB, comentó varias de las principales afectaciones de Empresas a los derechos Humanos en Brasil y en Latinoamérica.
A continuación, Fernando Canedo, de la Red Plataforma Nacional de Suelos para una agricultura sostenible del territorio boliviano, destacó como la agroecología para ellos es su sentido de vida y desde allí dieron a conocer su preocupación por los procesos de quemas de la selva, en la que se pierde la fauna y la flora, y como Latinoamérica y el Caribe concentra el 94% de perdida de la biodiversidad. Mencionó que sufren los procesos de quemas, deforestación y ampliación de la frontera agrícola, que está apoyado por normativas del gobierno central, que promueven las quemas con el propósito para extender la frontera agrícola para introducir los cultivos de soja, repuntando desde el año 1994, que exporta toneladas métricas, en su mayoría para exportación; esto sumado al cultivo de transgénicos y la ganadería bovina; y así deshacen la biodiversidad.
De esta manera, los commodities avasallan grandes extensiones de tierra, acompañada de una legislación no apta, que desde el 2013 con el Perdonazo de desmontes, que, valida la deforestación, y así sucesivamente para que en el 2020 un Decreto introduce nuevos cultivos transgénicos. Y además se ha dado pese a las resistencias de los procesos sociales, ya que el Estado acumula mucho poder junto a las empresas, sumado a esto, frente a la emergencia del covid-19 el Estado lanza una estrategia de respuesta rehabilitación para el sector agropecuario, y el plan contempla el tema de los transgénicos; con una suma alta de millones de dólares que agranda la brecha de la deuda externa. Indicó también como se han degradado y erosionado lo suelos los últimos años a causa de las quemas y los monocultivos. Posterior a esto, recordó, una frase del secretario de Estado, estadounidense, Henry Kissinger que dice “controla el petróleo y controlarás naciones, controla los alimentos y controlarás a la gente”.
Finalmente, Manoela Roldan- Directora del HOMA, señaló, como se vulneran los derechos humanos a través de las empresas transnacionales recordando cada uno de los casos mencionados con anterioridad, lo que demuestra un patrón de la actividad empresarial en la región, apoyado con las normativas de los Estados, con un efecto gravísimo para la región. En este sentido, indicó, como el proceso de negociación del tratado internacional de los derechos humanos, pone todos los elementos nombrados en evidencia y señala los desafíos que se deben tener en cuenta.
Recalcó que la agenda de empresas y derechos humanos esta desde los años 70 en la ONU y como en este proceso, para el 2014 se llega al tratado internacional, con el liderazgo de Ecuador hoy en día, y que se encuentra en su segundo diseño; que se vio compelido por el cambio de gobierno de uno más lejano de las empresas extractivas a otro más cercano. Apuntó Manoela, que, dentro del diseño del tratado, se ponen en disputa la supremacía en un diseño que garantice los derechos humanos, frente a los convenios e inversiones, frente a las presiones de los tribunales arbitrales, lo que ha generado disputas entre los sectores. En este caso, se vuelve central las obligaciones directas de las empresas, para que ellas tengan obligaciones y no los Estados. Recalcó, que tradicionalmente los sistemas de protección de los derechos humanos, en los marcos voluntarios, los Estados tenían las obligaciones, y que desde el 2011 en los marcos de estos sistemas se pone en disputa los principios, y por ejemplo el de proteger no debería ser sólo una de las obligaciones de los Estados, sino también de las empresas. Pone el ejemplo, de como el mandato de la resolución 269 de 2014, se hizo para establecer una negociación sobre la actividad de empresas transnacionales, y se cambió, por la voluntad de la Unión Europea con el mismo marco normativo para todas las empresas, igualándolas a las nacionales, o que implicaba que o se podía observar con un marco más específico las acciones de las empresas transnacionales.
Finalmente, señaló, que es un desafío la prevención, ya que el tratado establece la perspectiva de dejar en manos de las empresas mismas la capacidad de monitoreo de su cadena, que es un problema porque establece que la empresa es un actor racional, de buena fe, que puede establecer su propio proceso de monitoreo, entonces, querer cambiar esto es difícil porque el tratado está más recostado hacia las empresas y es difícil cambiar el concepto hacia una fiscalización externa, pues esa idea del concepto de la debida diligencia, en la que la empresa se compromete a informar de forma transparente sobre toda su cadena de valor es una obligación de medio, pues la empresa con esto dice que hizo todo lo posible para resolver los problemas, pero que sin su voluntad hubo la violación de los derechos, quitándose la responsabilidad; lo que hace necesario cambiar hacia una obligación de resultado, para que no continúe la dinámica de impunidad empresarial. Otro de los problemas del tratado, señalo, es que no existen mecanismos internacionales de coerción para las empresas, sino simplemente se pone un comité que haría el monitoreo de informes voluntario de las mismas empresas, lo que es un problema que se relaciona con la captura corporativa, pues a pesar de que el tratado sea internacional, la lógica es que lo nacional es un problema, indicando que los Estados de Latinoamérica son corruptos autónomamente, negando que no hay una intervención en este problema de las empresas y las naciones extranjeras. Por estas cuestiones, señaló, que hay una necesidad de la participación de los grupos vulnerables, pues fue reconocida la consulta previa, pero no como una necesidad de los pueblos indígenas y tradicionales, pues no existen mecanismos efectivos de responsabilidad empresarial y además, la falta de participación de los pueblos tradicionales, deslegitima este proceso, por lo que invita a que haya mayor participación sobre este tratado, pues depende de esto, el hecho que las empresas generen más o menos impunidad, por sus acciones.
Para finalizar el webinar, los expositores señalaron, que la ratificación del Acuerdo de Escazú y su proceso de discusión, es importante porque ayudaría a transparentar información que diversos pueblos y organizaciones sociales de base no tienen conocimiento sobre algunas cuestiones ambientales, lo que ayudaría con un instrumento más de los pueblos indígenas y defensores ambientales para el reconocimiento de otros derechos. También, que a pesar de que los Estados firmen los tratados, no los siguen, por ejemplo, Ecuador que es uno de los vinculantes del tratado, escasamente se puede ver que tenga una obligación sería frente a los acuerdos que asumen, dan el ejemplo como, defensores de derechos y su nivel de protección, hay casos de muerte frente a luchas ambientales, en las que las sospechan apuntan al estado y no se hace nada en ese sentido, también, existen amenazas a los defensores y defensoras, demostrando que la defensa y protección debe provenir de las mismas organizaciones, sumado al escándalo internacional que se pueda generar cuando esto ocurre, si existe el chance de hacerlo; por lo que el tratado internacional no tiene efectivo cumplimiento si el estado como tal no lo asume, por lo que muchos de los defensores, frente a la captura y las alianzas de empresas y Estados, es difícil que alguien se sienta protegido o se vaya a sentir protegido por el estado, por este tipo de relaciones. Así que, el tratado es un instrumento para la salvaguarda, que debe evaluarse si en lo práctico realmente es eficiente, frente a los mecanismos judiciales y democráticos que se deben implementar, frente a los tratados que suelen ser abstractos y polémicos, frente a como se establecen las regulaciones y quienes las monitorean.
De igual manera, para el cierre, establecieron la necesidad del empoderamiento de las comunidades, la necesidad del acceso de la información, la auto organización, el reconocimiento de los problemas y la denuncia para hacerle frente a las empresas. Esto con el sentido, de la necesidad de generar un plan alternativo para incidir en las leyes, que están mal estructuradas, para derogarlas. Y con estas conclusiones se hace el llamado para que el Fospa se siga con este debate y poder generar articulaciones frente a los abusos de las empresas extractivas, que generan vulneraciones de derechos humanos.
Escucha la importancia de este espacio, de las voz de algunos de los participantes del webinar:
