Escrito por: Camilo Chica, comunicaciones Fospa Colombia
Para la Amazonía es necesario fortalecer los trabajos en materia de economías alternativas, que se hagan evidentes en políticas de justicia fiscal, estén de la mano con la distribución de la riqueza, el respeto del territorio, la diversidad y la equidad, permitan que los pobladores, ante todo las mujeres y los pueblos indígenas, no sufran la exclusión generada por las dinámicas económicas del modelo neoliberal.
Para discutir sobre estos temas, una serie de expertos y expertas de la región, en el marco del webinar “Construyendo la justicia económica desde los territorios” realizado el paso 23 de octubre. Allí, plantearon sus experiencias en los procesos de justicia económica en la región, enmarcadas en el fortalecimiento del Foro Social Panamazónico – Fospa-.
Para iniciar, Romulo Torres Seoane, codirector de la Red Latindadd, señaló los antecedentes del proceso de Justicia Económica desde los Territorios, haciendo referencia que en el 2008, cuando se produjo una recesión de la economía mundial y los países sentían que les faltaba presupuesto nacional para el funcionamiento normal, reconocieron que no habían cobrado los suficientes impuestos a las transnacionales, o estas no pagaban lo que debían, o utilizaban mecanismos como la ilusión fiscal (evasión de impuestos), para no hacerlo, de forma que usaron mecanismos legales y formales para pagar menos impuestos de lo que deben. A la vez, usaban la planificación tributaria, para utilizar abogados, auditores, contadores, que hacían todo este juego, para enredar el pago de impuestos y el dinero que no se pagaba, se colocaba en paraísos fiscales, territorios que no piden información para la actividad económica.
Esta situación generó que la OCDE planteara una propuesta a pedido del grupo de los 20, que se llamó “erosión de la base fiscal y deslocalización de utilidades” que explicita el problema, porque estos mecanismos estaban erosionando la base fiscal, destruyendo la base para los impuestos, deslocalizaban las utilidades, pues las sacaban a territorios opacos o paraísos fiscales o cloacas fiscales. Lo que implicó la toma de consciencia del sistema frente a la fiscalía internacional y la socialización a distintos grupos de la sociedad civil, para que no quedara como un debate entre técnicos y especialistas. Se creó, entonces, la Red de Justicia Fiscal Latinoamericana, con el apoyo de Latindadd, que trabajaba sobre estos temas y junto al debate técnico con los organismos internacionales propicia un diálogo con los movimientos sociales, para que sea un tema de agenda donde toda la ciudadanía pueda presionar.
Se trabajó con los sindicatos, movimientos de mujeres, movimientos indígenas y de acuerdo a cada sector había un interés más específico, en el caso de los sindicatos se trabajó la relación entre impuestos, salarios y servicios básicos. En el caso de las mujeres, se trabajó la relación entre fiscalidad y género, para ver como los impuestos o los beneficios del gasto son menos favorables a las mujeres.
Con los pueblos indígenas, no fue solo el tema de impuestos, sino que muchas veces preferían que las transnacionales no estuvieran en sus territorios, porque estaban afectando a la vida, por lo que fue necesario hablar con ellos sobre el conjunto de la política fiscal, valorando los incentivos tributarios a las corporaciones con los cuales las motivaban a entrar a determinados territorios, muchas de estas zonas declaradas para la administración y vida indígena, por razones de interés nacional.
Desde estos antecedentes, en el webinar impulsado por la Iniciativa de acción en Fospa llamada Justicia Fiscal, Economías Alternativas y Territorio, se conversó sobre esta problemática en la Amazonía, al ver cómo las políticas fiscales motivan el desarrollo de las empresas extractivas y los megaproyectos de infraestructura, al reducirles los impuestos, y permitiendo la depredación de los territorios. En este proceso se ha discutido con organizaciones como la COICA, la CAOI y el Consejo Maya, para “indigenizar” las políticas fiscales. Así, se convirtió en un subcapítulo de la Agenda Regional de la Justicia Fiscal para América Latina.
Por su parte, Pablo Iturralde, Director de CDES – Ecuador, presentó un documento trabajado entre el Movimiento por la Justicia Fiscal y representantes del movimiento indígena, principalmente de la COICA y con el movimiento indígena ecuatoriano, que siempre ha estado preocupado con los temas fiscales al defender el gasto público dirigido a la política social.
Resaltó, que las crisis económicas siempre han afectado de manera desproporcionada a los pueblos indígenas y presentan tasas de pobreza mayores a las de la población mestiza, condiciones que han empeorado con la crisis del covid-19. En este sentido, planteó, que la mejor herramienta para luchar contra la desigualdad social es la política fiscal, y sobre esto subrayó tres elementos: territorio, ambiente y redistribución de la riqueza, fundamentales, porque determinan el debate en el mundo indígena, desde las preocupaciones por la tierra, el territorio y los recursos naturales, al sobreponer los intereses del Estado Plurinacional, oponiéndose a los paraísos fiscales o a las reformas tributarias regresivas.
Indicó que se ha trabajado sobre una perspectiva agraria indígena, que tiene que ver con financiar la política agraria, la redistribución de tierras, el acceso al agua, crédito y medios de producción y una perspectiva ecológica indígena, que tiene que ver con encontrar fuentes alternativas de ingresos tributarios progresivos, para no recurrir a la superexplotación de los recursos naturales; pero con la idea de que el país dependa cada vez menos de un modelo que requiere petróleo para garantizar su presupuesto público. Y para esto, se están debatiendo las formas de autogobierno que pueden ser locales y regionales, que podrían estar financiadas con un presupuesto público.
Más allá de esto, indicó, que no sólo son instrumentos de política fiscal, sino elementos como la reciprocidad, como un principio que reconoce al otro, en su dignidad y sus necesidades, lo que significa bonos de ayuda social, el reconocimiento de la condición de pobre desde una concepción indígena, por lo que ese tipo de redistribución de la riqueza, debería pasar no solamente por un ejercicio económico sino simbólico y moral.
Por otro lado, presentó las propuestas que plantearon en estos encuentros, como generar un presupuesto indígena en el presupuesto general del Estado, que esté manejado además con autonomía desde los pueblos; que la Plurinacionalidad dependa de un sistema fiscal justo para financiar las políticas públicas, que garantice la reproducción social de los pueblos y nacionalidades indígenas; que los ricos y poderosos paguen lo justo, para salvar la naturaleza y los medios de vida de los pueblos, ya que sino pagan lo justo, la carga del financiamiento del Estado recae en los pobres y vulnerables; que el pago de la deuda social implique el financiamiento fuerte de la salud, educación y bienestar social. Crear un grupo de trabajo indígena por la justicia fiscal. En este sentido, recordó Pablo, que el colonialismo y neocolonialismo, no ha pagado su deuda social con los pueblos que fueron explotados y dominados.
Bibiana Ramírez del Consejo de Pueblos Mayas – Guatemala, intervino indicando que actúan como sujetos políticos y centran su lucha en la justicia fiscal; para cambiar las políticas públicas en cada uno de nuestros territorios y poder actuar en la administración o coadministración por parte de los pueblos. Cuando hablan de fiscalidad, definen el territorio como un todo, que es la madre tierra y no un espacio generador de dinero. Entonces, valoran el reconocimiento de la historia de sus pueblos y por la conquista y la colonia, pasaron de ser grandes pensadores, filósofos, astrónomos a la mendicidad, que tiene relación con el tema de la fiscalización. En 2006, en Guatemala, empezó una etapa de imposición del proyecto neoliberal, o el cuarto despojo, que está basado en la minería, hidroeléctricas, extracción de petróleo, la privatización del agua y bosques y el robo de la ciencia y la tecnología de los pueblos.
Resaltó, que en Guatemala siempre han cuestionado como, en este proceso, las empresas consumen la energía y el pueblo debe pagar; por lo que consideran que existe una alianza entre el gobierno militar, los empresarios y las familias poderosas, se otorgan licencias, evaden licencias y realizan el despojo, y entonces como pueblo resisten a este poderío, con consultas comunitarias, marchas o caminatas que visibilizan el trabajo de las comunidades como guardianes del territorio, en oposición al desarrollo y en la búsqueda del buen vivir.
Adrián Falco de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe RJFALC, señaló como en América Latina antes de la pandemia se esperaba un crecimiento del 1% del PBI, una pobreza del 30% y una pobreza extrema del 12%, para un gasto social medido por el PBI del 10% en la región; además existía una crisis social y política en Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia y con la pandemia se vino a profundizar todo esto y estos números han cambiado y todavía no se conoce el fondo del pozo. Hoy se habla de un 38% de pobreza, un 14% de pobreza extrema, una caída de más de 10 puntos del PBI en toda la región, el desempleo se profundiza y se mantiene un sistema que tiene evasión, endeudamiento, paraísos fiscales, planificaciones fiscales agresivas para vaciar los presupuestos públicos. Surge allí la pregunta ¿Cuál es la salida para este desastre humanitario?
En ese sentido la Red de Justicia Fiscal impulsa una gran campaña por un impuesto a las grandes riquezas, para que las cuentas sean pagados por los que más tienen, los ricos y no los pueblos que permanentemente están siendo golpeados; para lo que es importante, reiteró, que se generen cooperaciones entre los pueblos de América Latina para cambiar las reglas fiscales y construir un futuro inclusivo para todos y todas.
Rosa Emilia Salamanca de Ciase-Latindad indicó que su intervención parte desde los feminismos, los comunitarios, de igualdad, diversidad y diferencia, y que la exigibilidad de los derechos de la mujer implica transformaciones y grandes desafíos, articulados a una transformación cultural profunda, que se aleje de las profundas discriminaciones en ámbitos como el de la economía, la justicia y la fiscalidad, que se evidencian en la distribución de la riqueza o los impuestos. Y en este sentido, trabajos como el del cuidado, que son del ámbito público y lo realizan muchas mujeres, deben reconocerse como vitales desde la justicia fiscal. De igual manera, las políticas redistributivas y las deficiencias laborales impiden que muchas mujeres no puedan tener acceso a la pensión o a una vida digna en la vejez. Además, los sistemas tributarios se ven desde los ojos de los hombres, en los impuestos a productos propios d elas mujeres o en la exclusión y explotación a nivel laboral. Por estos motivos, señaló, que es necesario una transformación cultural profunda de las discriminaciones a partir de una perspectiva de género interseccional, y en este caso, la justicia fiscal debe tener unas políticas claras, para que esa carga impositiva caiga en quienes debe caer y no tenga impuestos recesivos, que generalmente caen en la población y no en quienes derivan más recursos de sus múltiples empresas y que exista una claridad frente a la redistribución, para que realmente la posición de las mujeres cambie a partir de una justicia fiscal equitativa.
También, resaltó, como los impuestos es un tema más cercano para la gente urbana y masculina, porque tiene que ver con la propiedad, pues se considera que la economía y los impuestos son temas “duros”, donde las mujeres no suelen intervenir, por lo que se hace necesario que las mujeres tengan una pedagogía de lo que significa el impuesto y la justicia fiscal, cosa que nos debería importar a todos y todas. Recalco, como, para el caso colombiano los pueblos indígenas son exentos de impuestos y tienen recursos que van hacia los resguardos, y se realiza una consulta previa y allí no necesariamente las mujeres tienen posibilidad de discutir cómo se administra y redistribuyen esos recursos. Entonces entra en debate el cómo las mujeres pueden participar en esa redistribución para el respeto de los derechos de la mujer desde sus feminismos. Finalmente, señaló, que existe una campaña sobre la renta básica universal y las mujeres indígenas plantean, que con esta acción posibilitaría la autonomía en términos de la posición y condición de mujeres, en la redistribución y en su participación activa, desde otras posibilidades de acceso a recursos.
Jonathan Báezinvestigador de CDES – Ecuador, señaló que en los últimos tres años se ha visto la destrucción de las estructuras colectivas y alternativas, capaces de frenar el modelo del mercado, pues en medio de la pandemia se han profundizado las desigualdades y el trabajo autónomo se ha vuelto característica del país, sin que existan políticas fiscales que redistribuyan estos costos y le permitan a la gente sostener la vida. Por ejemplo, hay que trabajar la redistribución de la riqueza y la justicia fiscal como un mecanismo de reivindicación social, hay mecanismos como los impuestos progresivos y el impuesto a los grandes patrimonios, como acciones que permitan redistribuir esos montos en la sociedad. Y de igual manera, es necesario el acceso a la información y saber en qué se usan los impuestos, como el de la renta, el de valor agregado o de consumo.
Finalmente resaltó, que es importante, comprender los procesos como el del movimiento de mujeres, que en organismos multilaterales como ONU Mujeres, levantó una herramienta de respuestas globales al covid-19, el de economías solidarias con la recuperación de activos, pensando nuevos proyectos de vida, economía y territorio. De forma que se realice una reflexión de las economías alternativas con la interseccionalidad, comprendiendo las imbricaciones de clase, raza y género, que pueden catapultar discriminaciones en el mercado laboral, en el mercado del trabajo autónomo y en la construcción de regímenes de precarización en la sociedad.
