El 28 de octubre en el marco del IX Foros Social Panamazónico y como antesala a su realización del 12 al 15 de noviembre, la Iniciativa de Acción de Defensa del Cuerpo y Territorio de las Mujeres Andinas Amazónicas, realizó de manera virtual, el II Tribunal ético de justicia de las mujeres Panamazónicas andinas, con la participación de un grupo de mujeres de diversos países, que presentaron una serie de testimonios y evidencias sobre violencias contra las mujeres en la región andino – amazónica, que tendrán un veredicto final, durante el desarrollo del foro.
Este II Tribunal, como parte de un esfuerzo articulador del Movimiento Feminista y el Movimiento de Mujeres Andino Amazónicas, es un espacio para mostrar las diversas voces de las mujeres, sus problemáticas, los casos de violencias y afectaciones a sus derechos y denunciar el comportamiento errático de los Estados frente a los pueblos indígenas.
Inicialmente, Cecilia Olea del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán realizó la apertura del tribunal e indicó, que desde la articulación feminista Marcosur se impulsa una alianza con otras expresiones de los movimientos de mujeres, feministas e indígenas para la realización del tribunal, con el objetivo de visibilizar las afectaciones del modelo neoliberal extractivista y patriarcal tiene sobre las mujeres indígenas, en relación al cuerpo y al territorio. Los casos testimoniados, tendrán recomendaciones con el fin de lograr justicia y serán parte de la agenda del FOSPA.
Verónica Ferreira del Instituto Feminista para la Democracia, SOS CORPO y de la Articulación Feminista Marcosur de Brasil, indicó que el tribunal es un espacio ético político organizado por mujeres feministas, para visibilizar y posicionar las experiencias de opresión, explotación y violación de derechos, que enfrentan las mujeres en la Amazonía y los andes, que a su vez, busca visibilizar y posicionar las luchas de resistencia que las organizaciones de mujeres realizan en defensa de sus cuerpos y territorios, frente al modelo extractivista, patriarcal, capitalista, colonial, racista que impulsa la explotación y destrucción de modos de vida de los pueblos tradicionales, que se contraponen a las lógicas de lucro de poder y ganancia que mueve el sistema. De forma que, se amplifican las voces de denuncia y se fortalecen las alianzas de las luchas por los derechos, a través de una amplia convocatoria para generar transformaciones al modelo imperante.
Janeth Lozano del Comité FOSPA Colombia señaló que el tribunal se instala mientras avanza de manera despiadada el proyecto extractivista, neoliberal, capitalista y depredador, que arrasa con la vida en los territorios; por lo que se hace fundamental y estratégico por la defensa de la Amazonia, exigir el respeto de los territorios y los cuerpos. En relación con Colombia, indicó, que en el tribunal se presentará las afectaciones a los territorios, mujeres y defensoras, de forma colectiva y se ligará a los casos, para visibilizar y exigir justicia.
Posteriormente, se realiza la presentación de las juezas, Telma Taurepang de Brasil, Feminista, integrante de SOS CORPO y Marcosur; Vanessa Garcia Gomez de Colombia, doctora, abogada y candidata a magíster en estudios amazónicos; Katty Marcelo, lideresa indígena del Perú; Virginia Vargas, socióloga, especialista en sociología política y co-fundadora del centro de la mujer Flora Tristán.
En relación a los sucesos en Brasil Denisse Chávez, indicó como el presidente Jair Bolsonaro, viene desmantelando los derechos de los pueblos indígenas con una política de destrucción sistemática de sus modos de vida y cultura, un neo-desarrollo extractivista que consolida la economía capitalista, racista y patriarcal, el cual vulnera los derechos humanos, persigue y criminaliza a las lideresas indígenas defensoras de los territorios y la naturaleza.
Luego, para el primer caso, testimonió Telma Taurepang, quien inició pidiendo permiso a las y los ancestros, a las mujeres que la antecedieron luchadoras y combativas, luchadoras contra el Estado brasilero necropolitico y genocida, gobierno que destruye, quita la libertad y el derecho de vivir, que además quema, destruye, contamina, deforesta, e invade las tierras y las aguas. Todo esto asociado, a la no existencia de una política pública para los pueblos y mujeres indígenas, hecho que refuerza la violencia, criminalización y asesinatos. Por estos motivos, planteó, que el tribunal debe exigir al gobierno brasileño, que respete y no usurpe los derechos garantizados en la constitución de 1988, ya que las mujeres indígenas han combatido históricamente en contra de los derechos usurpados.
Posteriormente, las juezas le preguntaron sobre la criminalización de las lideresas o líderes indígenas a las que hace referencia, las acciones que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en Brasil está tomando para la protección de las mujeres indígenas de las comunidades amazónicas, frente a todos estos atropellos y las denuncias oficiales sobre los hechos. Ella en respuesta, presentó el caso de Paulinho Guajajara, quien sufrió una emboscada y fue asesinado dentro de su territorio, como ha sucedido con otras lideresas y líderes, guardianas de la madre tierra, por parte de los acaparadores y fiscalizadores de tierra; indicó, que en su territorio existe un proceso en derechos humanos para cuidar a las lideresas y líderes, que han sufrido amenazas, ya que se hace necesario resguardarlos y generar estrategias para cuidarlos; y aclaró que se hicieron las denuncias oficiales, pero la política de derechos humanos es muy lenta, porque mientras las denuncias llegan a tribunales internacionales, las lideresas y líderes siguen siendo masacrados y las mujeres se ven muy afectadas, sufriendo atropellos y la perdida de sus hijos jóvenes, que están acabando con sus vidas.; por tal motivo, solicitaron una respuesta mucho más rápida, con una política adecuada para los pueblos indígenas y más directamente para las mujeres, que deben sufrir todo tipo de violencia.
El segundo caso presentado, fue el de Colombia, con tres testimonios que dieron a conocer la situación de violación de derechos humanos que enfrentan las defensoras de derechos en sus territorios, en relación a sus luchas por la permanencia y tenencia de la propiedad de la tierra, bajo la implementación de proyectos extractivistas minero-energéticos, a lo que se le suma, el narcotráfico y la militarización.
Inició, Magaly Belalcázar Ortega, quien hace parte de la Plataforma Social y Política para la Paz y la Incidencia de las Mujeres del Caquetá y se refirió al contexto en Colombia, en donde ser defensora de los derechos humanos, el territorio y el ambiente, constituye uno de los mayores riesgos para la vida y los cuerpos de las mujeres, a causa de un contexto que genera múltiples afectaciones, debido a las empresas trasnacionales, la mafia, el narcotráfico, los partidos tradicionales y las políticas nefastas de gobierno, que se dedican a subastar y apropiarse de la Amazonía, quiénes además, persiguen, violan, asesinan, despojan, estigmatizan y silencian a las mujeres. Por otro lado, el Estado no reconoce estas afectaciones directas y no brindan garantías de vida para las defensoras. Señaló, que del 2013 al 2019 de los 4.355 hechos de violencia reportados contra defensores y defensoras, 1.336 casos fueron contra mujeres defensoras de derechos humanos, con un incremento porcentual del 165%, en relación al de los hombres que incrementó un 116%. Y en lo que va corrido del año 2020 hay 27 mujeres asesinadas de las cuales 16 son mujeres indígenas, rurales, afros y campesinas. De igual manera, aclaró, que el riesgo de las mujeres defensoras hace parte de la globalización y el asesinato, en estos casos, se ha convertido en números y cifras, por lo que dejan de ser nombradas y no se señala las afectaciones al territorio, generadas por el modelo de desarrollo, a lo que se suma, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, la presencia de paramilitares y mafias.
Luego, intervino Jakeline Romero Epiayú, que presentó el caso del pueblo indígena Wayuu, el más numeroso del Estado colombiano, que, por muchos años, ha sido afectado de forma sistemática por la empresa Cerrejón (propiedad de Anglo American) con la violación sistemática de los derechos humanos y ambientales. Frente a esto, vienen trabajando una campaña contra la impunidad socioambiental ocasionada por esta compañía, pues sus acciones han generado la pérdida del territorio y la soberanía; de igual forma, la ONU ya se ha pronunciado, al respecto, para llamar la atención al Estado colombiano frente a esta situación.
De igual manera, indicó, que en el Tribunal quieren hablar sobre su situación y mostrar al mundo, todo lo que les ha sucedido, denunciando como el Cerrejón, con un plan de expansión de sus minas, ha desviado las fuentes hídricas, específicamente el arroyo Bruno, uno de los brazos hídricos del río Ranchería (el único que existe en la Guajira), lo que ha dejado permanentemente a las comunidades sin agua. La Corte Constitucional, ya se ha pronunciado al respecto, pidiendo que el arroyo sea devuelto a su cauce, pues existe violación de los derechos territoriales; sin embargo, la empresa niega las responsabilidades y el Gobierno, hace caso omiso frente a la situación.
Finalmente, Waira Nina de la Plataforma de Mujeres del Caquetá, expuso el caso de la comunidad Inga, que a la orilla del río Fragua Grande, en límites con el departamento del Cauca y Putumayo, desde el año 2013 vienen siendo afectados por el consorcio andino número 49, que establece un proyecto de ampliación de la malla vial, que comunica a San José del Fragua, la inspección de Fraguita, Zavaleta y Puerto Bello. Esta vía es la conexión con el megaproyecto de la carretera marginal de la selva, que busca unir las regiones amazónicas de Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, lo que ha llevado a la región deforestación, afectación del corredor biológico y ecológico, además está en una zona de amortiguación con áreas especiales de conservación. Este territorio, además es vital para la vida de los Ingas, pues atravesaría la escuela de la comunidad y otros espacios ancestrales, que modifican los usos y costumbres de toda la población.
De igual manera, señaló, que se ha transformado el paisaje con la construcción de la carretera y el paso de tractomulas, volquetas y autos grandes que generan ruido y daños ambientales, también la llegada de foráneos turistas, que se aprovechan de la naturaleza y generan daños, como la perdida de la cultura. Para oponerse a esta situación empezaron un proceso de liderazgo de las mujeres, que incentivan reuniones, emprendiendo un camino de defensa, para decirle a estas empresas y consorcios que la comunidad no quiere que pasen por su territorio; en esta labor, están visibilizando la problemática, en lo jurídico y comunicativo, con los cuales han convocado a diálogos con el gobierno y la empresa, de igual forma, interpusieron una tutela al consorcio porque el proceso de consulta previa, no garantizaron los requisitos en igualdad de condiciones, quitándole las garantías a la comunidad, pues no fue libre e informada; en consecuencia, las tres mujeres participantes en el proceso están amenazadas y tienen un esquema de seguridad, que les ha cambiado la vida y afecta su accionar político y comunitario.
Continuó Lucia Aldana defensora de derechos humanos, acompañante de diferentes grupos de comunidades de mujeres en situación de desplazamiento. Ella habló sobre el predio Parapeto, ubicado en el departamento del Magdalena, en donde un grupo de mujeres fueron víctimas de desplazamiento forzado, desde el año 1996 hasta el año 2000. En este lugar, junto a sus comunidades, sufrieron diferentes situaciones de violencia debido a una alianza entre diferentes actores armados, que aliados con empresas, funcionarios del Estado y las élites políticas, las despojaron de sus tierras, y para lograrlo arreglaron elecciones, se apoderaron del poder administrativo y después permitieron la incursionaron de grupos paramilitares. En consecuencia, quince mujeres de la Asociación de Pequeños Productores de Parapeto son víctimas de desplazamiento y de violencia, al ser criminalizadas, perseguidas y al tener que vivir el homicidio y la desaparición de sus compañeros, lo que las ha obligado a abandonar la región. Otras personas se vieron obligadas a vender sus predios, para que fueran traspasados a miembros del bloque norte de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), al mando en la región de alias Jorge 40.
A raíz de esta situación de desplazamiento, señaló, que, pasado el tiempo, estas mujeres volvieron a organizarse para exigir la restitución de sus predios, por lo que se les hizo acompañamiento jurídico con los procesos de justicia y paz, para que fueran reconocida la violencia paramilitar en el proceso de restitución de tierras. Sin embargo, hubo muchas deficiencias, en cuanto a la atención y la posibilidad de reparación. Primero, no existe un reconocimiento claro de los hechos y tampoco de que las afectaciones deben ser diferenciales para las mujeres, por ejemplo, no se busca probar si son o no propietarias de la tierra, ya que las definen como esposas o compañeras de quiénes eran propietarios de la tierra, pese a que en los títulos muchas veces aparecen los dos o estaban en unión temporal, teniendo ambos derecho; segundo, no se evalúan las cargas que han tenido que vivir a raíz del desplazamiento por la falta de sus compañeros o familiares y las estigmatizan al hacer un ataque a sus liderazgos, relacionándolas como ayudantes de la guerrilla; tercero, no hay un esclarecimiento de las circunstancias de la ocurrencia de los hechos y los actores que han estado detrás de estos desplazamientos, han generado afectaciones psicológicas, emocionales, médicas, sociales y de desarraigo, al sacarlas de sus labores y costumbres, relacionadas con el trabajo de la tierra. En consecuencia, estas mujeres no han podido acceder a la restitución de tierras, ni a las posibilidades de proyectos productivos de seguridad, ni a las garantías de no repetición en los territorios.
Terminado estos testimonios, las juezas realizaron preguntas sobre los casos, en primer lugar, le pidieron, a Jaqueline Romero, profundizar sobre la consulta previa para la desviación del río Ranchería, en el caso del Cerrejón.
Sobre esto, Jaqueline Romero Epiayú, señaló que las consultas se han hecho de mala fe y de forma inadecuadas, ya que todos los resultados no han sido positivos para ninguna comunidad, ya que se hicieron en condiciones desiguales y de asimetría, inclinadas al poder corporativo, pues cuando se hacían los procesos de consulta el delegado del Ministerio del Interior, estaba acompañado por toda la logística de la empresa, lo cual demostraba la orientación del diálogo, que terminaban en acuerdos desiguales, sin claridad frente a las garantías de los derechos de las comunidades.
Luego, le pidieron a Lucia Aldana hablar más sobre las violencias directas que las mujeres defensoras vivenciaron y cuáles son las más graves.
Lucia Aldana, respondió, que las violencias que sufrieron las mujeres en estos procesos de despojo fueron de diversos tipos; entre las cuales están los desplazamientos reiterados y amenazas, es decir, se alejaban un tiempo y retornaban al lugar y volvían a ser víctimas de destierro, entonces tenía que volver a irse; de igual manera, los homicidios selectivos y desaparición de sus compañeros, la criminalización de sus liderazgos al interior de sus comunidades, señalándolas como guerrilleras, también sufrieron casos de violencia sexual, por lo que se sintieron intimidadas y muchas abandonaron los predios, incluso hay algún caso documentado de mujeres, que fueron atacadas por sugerir a sus compañeros o padres, no acceder a las ventas forzadas.
Después a Jaqueline y Waira, les preguntaron ¿sí, en el marco de los planes que salvaguarda del auto 004 que el Estado colombiano ha implementado, han habido acciones relacionadas con la protección frente a las denuncias que hacen ante este tribunal?
Waira Nina, señaló que ella es coordinadora de educación de los planes de salvaguarda del pueblo Inga a nivel de la nacional y que este proceso se da por etapas, en las cuales han logrado plantear una propuesta para la implementación, concertado con el Estado, el cual ha sido muy lento para la formulación de la ruta de implementación, lo que les ha impedido garantizar la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas.
Jakeline Romero Epiayú, señaló que el pueblo Wayuu dentro del auto 004, como uno de los pueblos en peligro de extinción cultural y en base al conflicto en el cumplimiento, exigirán al Estado el cumplimiento de esta sentencia, desde las altas cortes de poder, que se han tomado mucho tiempo en el trabajo. Esto se ha debido a que el pueblo wayuu, por su organización social y su dispersión en el territorio, no podría hacerse sólo un plan de salvaguarda, entonces desde los espacios y enlaces de diálogo y concertación con las autoridades, han intentado construir tres diagnósticos, para la alta, media y sur de la guajira, que arrojarán una información, que creará las rutas de trabajo, para poder ir avanzando en el diálogo con el gobierno y los distintos sectores, para determinar, de igual manera, recursos de inversión de acuerdo a los planes de vida que se han ido construyendo. Esto hasta el momento no ha sido posible, a pesar de tanto tiempo de emitida la sentencia, solamente han avanzado en el diagnóstico, ya que los procesos, el diálogo y las concertaciones con todas las distintas instancias de gobierno han sido muy lentas, lo que no permite avanzar en la implementación, según lo mandatado en el auto 004.
El Tribunal continuo con el caso de Perú, para lo cual, Denisse Chávez indicó que las mujeres allí, luchan por ríos limpios y vías libres de extractivismo en la Amazonía, puesto que estos son el núcleo de las actividades de transporte, alimentación y vida cotidiana de las familias; y esta relación se ha roto debido a la contaminación por la explotación y derrames de petróleo. El impacto ha afectado mayoritariamente a mujeres e infantes, que recogieron el crudo siguiendo las indicaciones de la empresa estatal Petroperú.
Teresa Cuñachi Yunuik del pueblo Awuajun de la comunidad del Perú, líder de la comunidad de Nazaret región del Amazonas, presentó el caso por el derrame de petróleo en su comunidad,que les ha generado afectaciones desde el 2016, cuando los trabajadores de la empresa Petroperú les indicaron que no había ningún problema al utilizar las fuentes hídricas, por lo tanto, las usaron por necesidad y desconocimiento, lo que generó problemas de salud a los pobladores, sumado a los graves daños al ecosistema. Pues no tienen las aguas limpias, no pueden pescar, ni alimentarse sin preocupaciones y los productos que mercadean son rechazados, lo que tiene a la comunidad en una crisis permanente.
Por consiguiente, interpusieron una demanda, la cual generó una medida cautelar, en la que se estableció unas brigadas de atención médica, las que, sin embargo, hasta el momento no han sido efectivas. Esto ha generado indignación, pues las mujeres reafirman que no son escuchadas en sus demandas y existen un continuo incumplimiento de lo pactos, lo que profundiza las dificultades que viven, pues sus hijas e hijos después de los análisis clínicos, realizados por una organización canadiense, ya que el gobierno peruano no quiso hacerlos, se corrobora que tienen metales pesados en sus cuerpos, y a pesar de esto, no han recibido una adecuada atención médica, lo que evidencia la desigualdad frente a los derechos, como ciudadanas peruanas.
Señaló, la injusticia de que las empresas extractivas entran a los territorios y el Estado peruano no realiza una consulta previa y cuando ellas hacen reclamos, asumen las autoridades del gobierno, que no entienden o que desconocen las leyes, sin embargo, se han preparado y recibido ayudas para poder defenderse frente a estos atropellos. Aunque, en la actualidad, han tenido dificultades para generar una defensiva, debido a que la crisis de movilidad generada por el covid-19, les ha impedido ir al capital y realizar plantones, pues, sólo, con el envío de documentos no han sido suficiente, para que reciban una atención médica digna.
Resaltó, esta difícil condición en la que se encuentran, que vulnera sus derechos como mujeres, pues muchas de ellas están teniendo abortos espontáneos, sufriendo de graves hemorragias y que probablemente les impida tener hijos en el futuro. Además, los centros de salud no están implementados en la región y no es posible que reciban un tratamiento para que los metales que ahora tienen en su cuerpo puedan ser extraídos.
Frente a esto, siguen luchando, con la esperanza de poder sobrevivir y dejarles una herencia a sus hijos, esos bosques a los que tienen derecho como pobladoras originarias, a los que ninguna empresa extractiva puede entrar y destruirlos.
Sobre este caso, las juezas le preguntaron sobre las omisiones del Estado y la empresa responsable para reducir los daños hechos en la salud de la población, sobre todo en los niños y las niñas y el por qué no hay medidas concretas para disminuir o por lo menos alejar esa continuidad del riesgo y de los daños del derrame.
Teresa les explicó, que necesitan puestos de salud, personal especializado, charlas y medicamentos, para el tratamiento de los metales pesado en sus cuerpos, pues saben que sus vidas han cambiado y que les queda ahora más difícil acceder a la alimentación y a sostener sus vidas.
Finalmente, el Tribunal de Mujeres realiza su declaración final y conclusiones frente a los casos.
“Siendo hoy 28 de octubre del 2020, en el marco del proceso hacia el IX Foro Social Panamazónico, sesión dos del tribunal ético de justicia y derechos de las mujeres panamazonicas y andinas que estuvo integrado por las juezas Katty Marcelo lideresa indígena del Perú, Betania Ávila investigadora y activista feminista del Brasil, Laylor Vanessa García abogada defensora de derechos territoriales vinculada al trabajo de pueblos indígenas de Colombia y Virginia Vargas socióloga y feminista de Perú, las juezas hacemos un reconocimiento al valor de las mujeres indígenas que han presentado sus testimonios en este tribunal, ellas junto con otras mujeres resisten históricamente en sus comunidades y hoy hemos escuchado sus demandas y exigencias de justicia en un contexto en el que el proyecto extractivista neoliberal, capitalista, clasista y patriarcal está arrasando con los medios comunes y los medios y modos de vida de los pueblos indígenas en nuestra Panamazonía. Este tribunal está conmovido con los testimonios de ellas que representan las voces de miles de mujeres indígenas que representan múltiples formas de violencia a sus cuerpos y a sus territorios y nos pronunciamos en términos éticos y políticos para hacer justicia y reparar simbólicamente, esa inacción de los Estados en la garantía de sus derechos y romper la impunidad de las vulneraciones sistemáticas cometidas por los propios Estados, grupos paramilitares y sectores empresariales nacional y trasnacionales.
Frente a los casos hemos visto como en Brasil se ha dado testimonio de cómo el gobierno del actual presidente ha implementado un sistemático desmantelamiento de los derechos de los pueblos indígenas, con una política de destrucción de los modos de vida y cultura, imponiendo un modelo de desarrollo extractivista que apuesta por el capital a costa de la vida, consolidando una economía capitalista, clasista, racista y patriarcal que se ha traducido en violación a los derechos humanos y criminalización de las mujeres indígenas defensoras de los territorios y la naturaleza.
En Colombia hemos visto a través de cuatro testimonios como las mujeres están en la primera línea de resistencia, y también de criminalización, violencias y asesinato por la defensa de su territorios en un contexto dónde los gobiernos entramados con intereses diversos mafiosos están expulsando a los pueblos indígenas y afros de sus territorios con desplazamientos forzados, privándoles del derechos a la tierra, el territorio y sus medio de vida. Se producen también afectaciones a las fuentes hídricas en dónde se privilegia intereses de mineras y otras actividades extractivas que dejan sin agua a las comunidades con impactos en su vida y salud. Hemos conocido la defensa del río arroyo Bruno para que no se desvíe su cauce, la demanda de procesos adecuados de consulta previa en el Caquetá y el rechazo a la carretera marginal en la Amazonía y la demanda de la restitución de tierras del predio Parapeto en la zona del Magdalena.
En Perú, hemos conocido las afectaciones de mujeres, niños y niñas por el sistemático derrame de petróleo en las fuentes hídricas en la comunidad de Nazaret en donde el pueblo indígena Awuajun ha visto reducido sus medios de vida, la contaminación del río ha disminuido su acceso alimentos y agua a las mujeres junto a su comunidad y han estado demandando justicia y reparación.
Ante estos hechos este tribunal considera lo siguiente: El Estado de Colombia y las empresas transnacionales han vulnerado los derechos a la vida, la cultura, el territorio, la integridad física, el gobierno propio, la consulta previa libre e informada de las mujeres que trascienden a derechos colectivos, afectando la pervivencia de culturas ancestrales al puedo Inga y Wayuu y comunidades de parapeto en el Magdalena. La seguridad jurídica de las mujeres de los casos juzgados no se garantiza en cuanto hay incumplimiento de la ley y las órdenes judiciales.
Responsabiliza al gobierno del Brasil de violar los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, incumplir los compromisos consagrados en acuerdos internacionales, no demarcar ni regularizar las tierras tradicionales, no garantizar la seguridad de estos pueblos, frente a la acción depredadora y violencia de los mineros, madereros, acaparadores de tierras y empresarios agroindustriales; de igual manera, de debilitar e incluso destruir las instituciones oficiales y de apoyo y la militarización de los de las instituciones, despojar con el apoyo del poder legislativo las tierras invadidas. En medio de la pandemia, las entidades gubernamentales, no garantizaron los medios de atención en salud, ni de seguridad, ni el de no acceso a los territorios de los pueblos aislados, no garantizaron la seguridad de los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas, no sancionaron, ni tomaron medidas para proteger a los líderes indígenas en defensa de su territorio y de sus vidas, lo que trajo consigo una creciente presencia de violencia hacia las mujeres indígenas y no garantizaron a las mujeres indígenas como cuidadoras y guardianas de la cultura comunitaria, brindandoles los medios para la seguridad alimentaria, causando hambre, desnutrición y otros problemas.
Desde este tribunal consideramos que el Estado peruano sigue cometiendo actos de genocidio contra los pueblos originarios, atentando contra la vida de los pueblos indígenas vulnerando el derecho a la consulta previa, libre e informada, y a los derechos que considera el convenio 169, así mismo si ejerces tu derecho a la defensa eres perseguido y asesinado por el Estado peruano.”
Finalmente, Betania Ávila, declaró que esperan que el tribunal pueda contribuir en la defensa de los derechos de los pueblos de la Amazonía, de los derechos humanos y de los territorios, y exhortan, desde los movimientos feministas de mujeres, los movimientos sociales y la población en general, a que los gobiernos nacionales e internacionales se empeñen en la defensa y garantía de los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios.
“Por la vida defendemos la Amazonía”
